A partir de la recopilación de las providencias de las acciones populares en los distintos despachos de la Jurisdicción Administrativa en el Departamento de Córdoba se logre, se intentará como ejercicio académico, llevar a cabo una aproximación de estudio y análisis jurídico y social del impacto que ha tenido este medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, en este Departamento, se iniciara con decisiones adoptadas desde el año 2020 en adelante. Para ello se tendrán en cuenta las sentencias proferidas en esa anualidad, sin obstar que hayan sido presentadas en años anteriores, pues lo que se buscará será medir su incidencia en la comunidad a partir de la decisión final. Poteriormente se podrán recopilar decisiones de otros años.
Aunado al resultado de este estudio, se pretende hacer más visible esta herramienta jurídica, como mecanismo útil, fácil, disponible para todos los ciudadanos y efectivo en la protección de los derechos colectivos.
Las acciones populares, consagradas en la Ley 472 de 1998, constituyen un mecanismo de participación ciudadana que permite la protección de derechos e intereses colectivos. En el contexto del Departamento de Córdoba, Colombia, estas acciones han sido fundamentales para salvaguardar el medio ambiente, la moralidad administrativa, el espacio público y otros bienes colectivos. Esta investigación busca analizar la incidencia de dichas acciones en las comunidades cordobesas, evaluando su impacto y beneficios.
A pesar de la existencia de un marco normativo robusto, como la Ley 472 de 1998, el uso de las acciones populares en Córdoba ha sido limitado. Las comunidades enfrentan barreras como desconocimiento del mecanismo, falta de acompañamiento institucional y escasa divulgación. Esto plantea la necesidad de investigar cómo se han utilizado estas acciones, qué beneficios han generado y qué obstáculos persisten, en especial desde el año 2020.
Analizar la incidencia de las acciones populares en el Departamento de Córdoba, Colombia, en el marco de la Ley 472 de 1998, identificando su impacto en la protección de derechos colectivos y el beneficio para las comunidades desde el año 2020 en adelante.
La Ley 472 de 1998 regula las acciones populares y de grupo en Colombia. Estas acciones permiten a cualquier ciudadano, organización o entidad pública o privada interponer demandas para proteger derechos colectivos como el medio ambiente, la moralidad administrativa, el espacio público, entre otros. La Corte Constitucional, en sentencias como la C-215 de 1999, ha reafirmado su carácter preventivo y su legitimación amplia. El Consejo de Estado también ha desarrollado jurisprudencia relevante, como la Sentencia 1459 de 2012, que establece la procedencia de estas acciones para exigir el cumplimiento de normas que protegen derechos colectivos.
La investigación se desarrollará mediante un enfoque cualitativo y cuantitativo. Se realizará revisión documental de jurisprudencia, leyes y se elaborarán estadísticas con base en las sentencias de los Juzgados Administrativos y el Tribunal Administrativo de Córdoba desde el año 2020 en adelane. Se analizarán casos emblemáticos en Córdoba y se recopilarán datos sobre el número de acciones populares interpuestas con anterioridad al año 2020, pero con decisiones en firme desde esa anualidad. Además, se realizarán entrevistas a líderes comunitarios y funcionarios públicos para conocer su percepción sobre el impacto de estas acciones.
Las acciones populares representan una herramienta poderosa para la defensa de derechos colectivos en el Departamento de Córdoba. Aunque su uso ha sido limitado, los casos existentes demuestran su potencial transformador. Es necesario fortalecer la divulgación, formación y acompañamiento institucional para que más comunidades puedan beneficiarse de este mecanismo. La jurisprudencia y el marco legal vigente respaldan su aplicación y deben ser aprovechados para promover la justicia social y ambiental en la región.